La necesaria reglamentación del CEC: coherencia pendiente en la transición circular
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El país no puede seguir aplazando la reglamentación del CEC. Cada mes de retraso debilita la confianza de la industria, posterga inversiones y resta coherencia a los discursos sobre sostenibilidad.
Por: Laura Reyes. Directora Ejecutiva Cempre y Miembro del Consejo Asesor de la ONU para Residuos Cero
Colombia ha dado pasos importantes hacia la economía circular. Tenemos una Ley de Plásticos, compromisos empresariales ambiciosos y un sector productivo dispuesto a invertir. Sin embargo, falta una pieza fundamental: la reglamentación del Certificado de Economía Circular (CEC).
Este instrumento, creado por la Ley 2232 de 2022, debía contar con su reglamentación para operar plenamente, tal como lo dispuso la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria), que estableció la necesidad de un decreto reglamentario para hacer efectiva la “no causación” del impuesto nacional a los plásticos de un solo uso. El plazo previsto para su expedición vencía el 14 de junio de 2023, pero a la fecha el Gobierno Nacional no ha cumplido con ese mandato.
El costo de la espera
El CEC no es un trámite burocrático más. Es la herramienta que conecta la acción empresarial con los incentivos previstos por la política tributaria y ambiental. De acuerdo con la Dian, la certificación permitiría descontar total o parcialmente el impuesto nacional de dos pesos por gramo que pagan los envases plásticos de un solo uso.
Sin ese reconocimiento, los productores absorben un sobrecosto que resta competitividad a los empaques elaborados con resina reciclada y desincentiva la innovación. En la práctica, el país castiga a quienes ya están invirtiendo en soluciones circulares, en lugar de reconocerlos por reducir el impacto ambiental y mantener el valor de los materiales dentro de la economía.
Para ponerlo en cifras, en los últimos cuatro años la industria ha invertido más de 150 millones de dólares en modernizar plantas y ampliar líneas de reprocesamiento (Acoplásticos). De forma consistente, el sector petroquímico casi triplicó su inversión en gestión de residuos durante la última década, al pasar de 2.600 millones de pesos en 2012 a 7.732 millones en 2022, de acuerdo con El pulso de la economía circular en Colombia (CEMPRE, 2025). Ese esfuerzo sostenido del sector privado hoy está en riesgo por la falta de reglamentación del CEC y la incertidumbre normativa que frena nuevas inversiones.
La oportunidad que se está perdiendo
La falta de reglamentación del CEC no solo afecta la confianza jurídica del sector privado: también ralentiza la transición circular y frena la inversión en nuevas tecnologías. La certificación permitiría reconocer de manera formal los esfuerzos de las empresas que ya reincorporan materiales reciclados, fomentando así la competencia leal entre quienes apuestan por modelos sostenibles.
Además, este instrumento equilibraría la ecuación económica entre el plástico virgen y el reciclado, al reducir la brecha de costos que hoy limita el uso de materiales secundarios. En consecuencia, la reglamentación del CEC podría fortalecer el mercado del plástico reciclado, generar empleo de calidad, impulsar la trazabilidad y contribuir a la reducción de emisiones.
La formalidad: pilar del cambio
Colombia no parte de cero. El país cuenta con bases técnicas sólidas. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo la informalidad, que impide medir y verificar con precisión la circularidad real del sistema.
En ese sentido, el CEC podría convertirse también en un vehículo de formalización y transparencia, permitiendo visibilizar a recicladores y transformadores, e integrando su trabajo dentro de una cadena económica trazable y verificable. La trazabilidad no es solo un requisito técnico: es una condición de equidad, confianza y legitimidad.
Reglamentar para avanzar
A más de dos años de aprobada la Ley de Plásticos, que impulsó la circularidad del PET, el país perdió la oportunidad de extender esa señal normativa a otras resinas como el polietileno de alta densidad (PEAD) para líquidos, cuya reincorporación hoy es técnicamente viable. Faltó reconocer, al menos con una meta a largo plazo, los avances y las inversiones ya realizadas por la industria del plástico, así como la necesidad de contar con una infraestructura de calidad que permita avanzar en la reconversión de las demás resinas.
El país no puede seguir aplazando la reglamentación del CEC. Cada mes de retraso debilita la confianza de la industria, posterga inversiones y resta coherencia a los discursos sobre sostenibilidad.
